Secuestro: crisis de este gobierno.

Francisco Rivas
Colaborador Invitado

El país que López recibió estaba pasando por la peor crisis de violencia del México moderno, aun así, se atrevió a prometer que desde el primer día de su gobierno los mexicanos veríamos un cambio en las condiciones de seguridad del país.

Por más que a través de la narrativa oficial se intentó validar dicha promesa, la realidad es que homicidios, robos y extorsiones en el primer mes siguieron al alza y desde entonces se han mantenido de la misma manera.

Desde entonces, la fecha de «pacificación del país» pasó a ser seis meses después de la toma de posesión (que, dicho sea de paso, se cumplieron el 31 de mayo), a ser octubre 2019 o más ambiguamente a ser en algunos años, décadas o -como afirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo- un siglo.

¿Es justo exigirle a un gobierno que en seis meses recupere la paz en un país que enfrenta una crisis sin precedentes? Absolutamente no, quienes nos dedicamos a la seguridad, sabíamos y advertimos que esa promesa era imposible de cumplir, sin embargo, esa fue su promesa, junto con la de no mentir ni traicionar al pueblo, por lo que es justo recordárselo y pretender resultados.

Más allá de las promesas incumplibles que hizo López, ¿qué sí debemos exigirle a su gobierno? Estrategia, indicadores y recursos suficientes.

Lamentablemente nada de eso tenemos, no hay un plan que marque objetivos claros, no hay indicadores que permitan entender si vamos por buen camino y el recorte presupuestal en seguridad (un 10% del total de lo que se presupuestó para 2018) no obedece a decisiones sustentadas en la necesidad del país.

El Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad se contradicen entre sí en qué resultados esperar, son ambiguos en cuanto a programas y acciones y omiten tocar temas tan necesarios como el fortalecimiento de la procuración de justicia, de las instituciones locales o del combate al secuestro.

Todo ello nos explica por qué no hemos mejorado en el combate a los delitos que ya estaban en crisis y por qué este gobierno es corresponsable de la nueva escalada del secuestro en el país.

Como ya lo mencioné, es entendible que no haya una estrategia de combate al secuestro si ni siquiera se esbozó en los planes que deberían ser rectores; si desde el inicio de esta administración se descabezó la Coordinación Nacional Antisecuestro, se les recortaron salarios, prestaciones e incluso plazas; se desmanteló la unidad especializada que existía en la Policía Federal; se dejó de supervisar el trabajo de los estados; se recortó el presupuesto destinado a la materia en un 33%, el recurso de entidades y municipios en 30%, la prevención del delito en 27%, la procuración de justicia en un 17%, el combate al crimen en un 10% y se iniciaron estrategias de combate al robo de hidrocarburo sin una estrategia más amplia y profunda que tuvo como efecto que varias bandas de huachicoleros migraran al secuestro, sin lograr erradicar este delito.

Ello nos lleva a afirmar que el gobierno federal se ha hecho corresponsable del aumento de este delito y de las terribles consecuencias humanas que esto significa.

Los primeros cinco meses de este año muestran que crecen todos los delitos a excepción del robo de vehículo y del robo a casa habitación; el secuestro crece 28%.

De mantenerse la actual tendencia de aumento de los delitos violentos, la ausencia de una estrategia y los recortes presupuestales, 2019 rebasará a 2018 como el año más violento de la historia y la única manera en que podrán frenarlo será sólo manipulando la estadística oficial.

El autor es director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

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